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Doble Uso Al “Registro De Personas Convicticas Por Violaciones A La Ley De Prevención E Intervención Con La Violencia Doméstica”

CAPITOLIO -- La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, Itzamar Peña Ramírez, avaló  hoy la creación de un “Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” y que este sea utilizado como herramienta para estudios sociales del perfil del agresor.

El autor de la medida, el senador Carmelo Ríos Santiago, explicó que es medular trabajar “para reducir el registro” y que éste no sea utilizado sólo como registro, sino también como una herramienta  social.  “Es  importante  comenzar  a  delinear  política  pública  que  contenga información y estadísticas, de las personas que tenemos que atender, de cómo se da el ciclo, de lo que está sucediendo con esta generación, para poder resolver o mitigar el asunto”, afirmó.

“Proponemos que el registro de ofensores de Ley 54 no sea únicamente un registro, sino, que lo utilicemos como una herramienta a nivel social de modo que eduquemos y evaluemos nuestros programas con la información que obtengamos al convertirlo en ley”, indicó el también portavoz de la Mayoría.

Además, Ríos Santiago recomendó que se trabaje de manera colaborativa con el Instituto de Estadísticas. “Sé que un registro no es suficiente, pero es importante para prevenir, para conocer las experiencias previas… Si no atendemos y atajamos el problema con las estadísticas, con el dónde, con el cuándo y con quiénes están violando la Ley de Violencia Doméstica como uso y costumbre continuaremos teniendo un ciclo vicioso de mujeres u hombres maltratados”.

De la misma manera, la senadora Peña Ramírez puntualizó que “para lograr una medida de prevención es importante que se pueda trabajar con éste registro, el cual contendría las personas convictas por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica. Este es un paso para atender la problemática y lograr que esa persona que inicia una relación o quiera tener información sobre la misma, pueda   acceder y enterarse si esa persona ha cometido conducta constitutiva del mencionado delito”.

Por su parte, el director de la división legal de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), el licenciado Carlos Limardo avaló la medida y manifestó que “en Puerto Rico y otras jurisdicciones nos hemos enfocado en los pasados años en prevención y atender las necesidades de las víctimas. Hemos identificando las edades, las condiciones sociales y tenemos mucha información en cuanto al perfil de la víctima, pero el perfil del agresor ha sido algo de lo cual no se recopila tanta información… Un registro como este serviría para crea un perfil certero de los agresores con información que serviría para crear estudios”.

El Proyecto del Senado 264, establece además quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones y los de los organismos gubernamentales concernidos; establecer penalidades; proveer sobre la disponibilidad de la información y la notificación a la comunidad; facultar a los departamentos e instrumentalidades del Gobierno Estatal a adoptar la reglamentación necesaria; y enmendar el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de

3 de abril de 1946, según enmendada, y el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, a fin de imponer como condición al beneficio de libertad a prueba y libertad bajo palabra el haber sido registrado según lo dispone la medida.

Finalmente, se examinó el Proyecto del Senado 146, de la autoría de Peña Ramírez. El mismo busca  enmendar  la  “Ley  de  Prevención  e  Intervención  con  la  Violencia  Doméstica”  para otorgarle capacidad jurídica a las madres, padres, hijas e hijos mayores de 18 años de edad, para solicitar órdenes de protección a favor de sus hijos e hijas y madres o padres, víctimas de violencia doméstica. El proyecto contó con la aprobación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer quienes recomendaron una enmienda.

Peña Ramírez, aseguró que este sería un remedio eficaz para ofrecer protección y ayuda a las víctimas permitiendo que sean familiares cercanos quienes puedan gestionar la solicitud. “A la hora de la verdad, cuando los casos de esta índole se evalúan, ninguna de las agencias encargadas de la seguridad, ley y orden pueden hacer algo, están impedidos y esto no responde a la  realidad actual”, añadió.